La Superintendencia de Educación Superior (SES) dio luz verde a la propuesta de plan de recuperación elaborado por la institución para abordar el complejo escenario financiero y administrativo que ha enfrentado durante los últimos años.

El pasado 15 de febrero, la Universidad Austral de Chile presentó formalmente su propuesta de Plan de Recuperación 2024-2025 para abordad de manera autónoma los significativos problemas identificados durante la investigación desarrollada por la SES.

Tras una exhaustiva revisión y análisis de las medidas y acciones propuestas originalmente por la Universidad, la Superintendencia identificó diversas observaciones y advirtió que, de no ser corregidas oportunamente, comprometían la efectividad del plan de recuperación y su impacto en la salud financiera y administrativa de la institución.

El pasado 2 de abril, la Universidad ingresó a la Superintendencia un nuevo informe en el que detalla un conjunto de medidas que subsanan en gran parte las deficiencias detectadas por la SES, aplica los ajustes requeridos y se compromete con una profunda reestructuración organizacional y operativa. El objetivo central de estas medidas apunta a mejorar la eficiencia y restituir la sostenibilidad financiera de la Universidad Austral de Chile.

José Miguel Salazar, superintendente de Educación Superior aseguró que valora «el esfuerzo desarrollado por las autoridades de la universidad y sus distintos estamentos, quienes, conscientes del complejo escenario que vive la institución, acercaron posiciones para comprometer una hoja de ruta que asegure de manera responsable el futuro de la institución».

Agregó que «es fundamental que, de manera inmediata, la Universidad ejecute el plan de acción financiera, adopte las medidas académicas urgentes y establezca una unidad de seguimiento que garantice el integral cumplimiento del plan de recuperación».

Durante el período de ejecución de este plan, que no podrá exceder un plazo de dos años, la Superintendencia velará por que éste se cumpla en sus distintas etapas. Para estos efectos, la Universidad deberá remitir a la Superintendencia un primer informe trimestral, al 5 de julio de 2024, sobre el estado de implementación de las medidas críticas y responder oportunamente a los requerimientos que se le puedan formular. Si esto no fuese así, la Superintendencia evaluará negativamente la implementación de las medidas del plan y avanzará en la adopción de alternativas que permitan asegurar la sostenibilidad financiera de la institución. Para monitorear de cerca este proceso, designará próximamente un delegado a cargo de dar un detallado seguimiento a cada una de las iniciativas comprometidas en el plan.

 

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