La Comisión de Libertad Condicional de Valdivia resolvió acoger únicamente 8 de las 293 solicitudes presentadas por personas privadas de libertad en distintos recintos penales de la jurisdicción, lo que se traduce en una tasa de rechazo del 97,2%, debido al incumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al beneficio.

El organismo sesionó entre el 6 y el 10 de abril y fue encabezado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Samuel Muñoz. La instancia también estuvo conformada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, Patricia Gallardo y Edmundo Moller; el juez del Juzgado de Garantía de Valdivia, Pablo Yáñez; y el magistrado del Juzgado de Garantía de Osorno, Pablo Álvarez.

Para adoptar sus decisiones, la comisión consideró informes psicosociales elaborados por Gendarmería, en los que se evaluaron los niveles de riesgo de reincidencia de cada solicitante. Asimismo, se revisaron 13 cartas enviadas por víctimas, quienes pudieron manifestar su postura respecto a la eventual liberación de los condenados.

En cuanto a los resultados por recinto, se aprobaron tres solicitudes del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno y se rechazaron 45; en el Centro de Estudio y Trabajo de Osorno se concedió una y se desestimaron 37; mientras que en el establecimiento penitenciario de Río Bueno se otorgaron dos libertades condicionales y se rechazaron 43 solicitudes.

En el caso del Complejo Penitenciario Llancahue, las 151 postulaciones fueron rechazadas en su totalidad. Finalmente, en el Centro de Estudio y Trabajo de Valdivia se aprobaron dos solicitudes y se rechazaron nueve.

Una alta concurrencia de vecinos se registró este lunes en dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Valdivia, luego del anuncio del Gobierno sobre la entrega de gas dirigida al 80% más vulnerable. Sin embargo, la ausencia de información oficial para su implementación generó confusión tanto en la comunidad como en el propio municipio.

Desde la casa edilicia señalaron que el beneficio fue difundido públicamente sin una coordinación previa con los gobiernos locales, lo que ha impedido orientar adecuadamente a quienes buscan acceder a la ayuda.

Frente a esta situación, la alcaldesa Carla Amtmann expresó su preocupación por la falta de antecedentes concretos. “Vecinos y vecinas llegaron hasta nuestras oficinas esperando acceder a un apoyo del que aún no contamos con detalles para su ejecución, lo que provoca incertidumbre y desinformación”, indicó.

El municipio informó que ya se realizaron gestiones formales para obtener claridad sobre la medida, mediante oficios enviados a la Delegación Presidencial Regional, liderada por Vicky Carrasco, así como a otras entidades gubernamentales involucradas.

Asimismo, desde la administración comunal advirtieron que este escenario se produce en medio de un contexto económico complejo, marcado por el aumento en el costo de la vida, especialmente en combustibles, lo que ha afectado directamente a las familias. En ese sentido, recalcaron que la falta de información ha obligado a muchos vecinos a trasladarse hasta las oficinas municipales, asumiendo gastos adicionales.

Finalmente, la Municipalidad de Valdivia reiteró su disposición a colaborar en la ejecución de este tipo de beneficios, subrayando la importancia de una comunicación oportuna y una adecuada coordinación con los municipios para garantizar una respuesta efectiva a la ciudadanía.

La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Los Ríos logró un veredicto condenatorio contra cinco imputados por su participación en un grave hecho delictual ocurrido en Valdivia, que incluyó los delitos de robo con homicidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego prohibida y porte ilegal de municiones.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, tras un juicio que se extendió por cinco días. Durante este periodo, el Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas —testimoniales, audiovisuales, documentales y periciales— que permitieron acreditar la responsabilidad de los acusados en los hechos.

El caso se remonta al 27 de octubre de 2024, en el sector de calle Miraflores, donde la víctima fue interceptada mientras se movilizaba en su vehículo. En ese contexto, los agresores lo intimidaron con un arma de fuego para robarle sus pertenencias y posteriormente le dispararon, causándole lesiones de extrema gravedad.

Producto del ataque, la víctima sufrió un daño vascular severo que derivó en un shock hipovolémico, debiendo ser internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Base de Valdivia. La gravedad de las heridas obligó finalmente a la amputación de su pierna izquierda.

El tribunal acogió los argumentos presentados por el fiscal Alex Montesinos, dictando veredicto condenatorio respecto de los cinco acusados. En cuanto a las penas, la Fiscalía solicita presidio perpetuo calificado para los tres imputados adultos, mientras que para los dos adolescentes involucrados pide una sanción de 10 años de internación en régimen cerrado, la máxima contemplada por la legislación vigente para menores de edad.

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que dos funcionarios de la Municipalidad de Valdivia realizaron apuestas en casinos por montos superiores a los $200 millones, pese a estar legalmente inhabilitados para participar en este tipo de actividades.

Los antecedentes forman parte de una revisión a nivel nacional que identificó a 910 funcionarios públicos y municipales que, en conjunto, transaron más de $11.490 millones entre enero de 2024 y junio de 2025.

En el caso local, el desglose del informe establece que dos funcionarios concentran las cifras más altas, con montos individuales que superan los $100 millones cada uno. A ellos se suma un tercer funcionario con una cantidad considerablemente menor, totalizando más de $240 millones apostados desde la casa edilicia.

El análisis corresponde al Consolidado de Información Circularizado (CIC) N°20, elaborado a partir del cruce de datos entre funcionarios que administran o custodian fondos públicos —y que, por ley, deben rendir caución— y los registros de clientes de casinos proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego.

De acuerdo con la normativa vigente, especialmente la Ley N° 19.995, estos funcionarios tienen prohibido participar en juegos de azar.

A nivel nacional, el informe advierte una fuerte concentración del gasto: 181 personas representan el 96,8% del total apostado, equivalente a más de $11.118 millones. Incluso se detectaron casos individuales que superan los $1.000 millones en apuestas, cifras que no se condicen con sus niveles de remuneración.

A partir de estos antecedentes, la Contraloría instruyó remitir los casos a la Superintendencia de Casinos para eventuales sanciones, además de ordenar a los servicios públicos y municipalidades iniciar sumarios administrativos. Asimismo, los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines correspondientes.