El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a un instructor náutico a cumplir 10 años y un día de presidio efectivo por el delito de estupro reiterado contra una adolescente de 15 años que participaba en un club náutico de Panguipulli.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Regional de Los Ríos, que acreditó la responsabilidad penal del acusado por hechos ocurridos en septiembre de 2023, cuando se desempeñaba como instructor de navegación a vela de la menor.

De acuerdo con lo establecido por el tribunal, el condenado se aprovechó de la inexperiencia sexual de la adolescente y generó un contexto de engaño que le permitió mantener relaciones sexuales con ella en dos ocasiones.

Entre los antecedentes considerados para determinar la pena estuvo el daño psicológico sufrido por la víctima, evaluado por una psicóloga forense del Servicio Médico Legal (SML). La profesional estableció que la adolescente presentaba un trastorno de estrés postraumático severo, además de pesadillas recurrentes, angustia y alteraciones que afectaban su vida cotidiana.

La evaluación registró 45 puntos en una escala en la que 24 corresponden al umbral de sintomatología alta, lo que permitió dimensionar la gravedad de las consecuencias psicológicas y su persistencia.

Aunque el tribunal consideró que el acusado tenía una conducta anterior irreprochable, la intensidad del daño acreditado y los demás antecedentes del caso determinaron la imposición de una pena de 10 años y un día de presidio efectivo.

El Juzgado de Garantía de Río Bueno decretó prisión preventiva para el alcalde Luis Reyes Álvarez y el empresario constructor Héctor Meza, ambos formalizados en una investigación por presuntos delitos de corrupción vinculados a licitaciones municipales.

La Fiscalía Regional de Los Ríos obtuvo la medida cautelar al argumentar que la libertad de ambos representa un peligro para la seguridad de la sociedad. En el caso del jefe comunal, el tribunal también consideró que su libertad podría afectar el desarrollo de la investigación.

Durante la audiencia, el juzgado dio por acreditados, para efectos de esta etapa procesal, los antecedentes relativos al cohecho agravado reiterado y lavado de activos atribuidos al alcalde, quien habría recibido pagos de tres proveedores a cambio de favorecerlos en procesos de contratación municipal. Respecto de Meza, se estimó configurado el delito de soborno.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el jefe comunal habría recibido al menos $36.360.000 en beneficios económicos indebidos de empresarios y contratistas, a cambio de realizar actuaciones contrarias a sus deberes funcionarios. De ese total, $27.860.000 corresponderían a pagos vinculados al empresario que quedó en prisión preventiva.

La investigación también detectó cerca de $90 millones en depósitos en efectivo en la cuenta corriente personal del alcalde, cuyo origen no ha podido ser establecido.

Al fundamentar su resolución, el tribunal destacó la gravedad de las conductas atribuidas al jefe comunal, señalando su impacto en la confianza pública, la probidad administrativa y la correcta utilización de los recursos públicos.

En la misma audiencia, la conviviente del alcalde, también formalizada en la causa, quedó sujeta a medidas cautelares de menor intensidad. En tanto, otros tres imputados, formalizados el martes, quedaron con distintas medidas, entre ellas arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma periódica y prohibiciones de comunicación.

La investigación continúa en curso y los imputados mantienen su condición de tales mientras se desarrolla el proceso judicial.

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó por unanimidad la prisión preventiva del conductor formalizado por el atropello que provocó la muerte de una mujer y dejó con lesiones a su hija de 2 años, el pasado 9 de octubre en avenida René Schneider.

La resolución ratifica la medida cautelar decretada el 12 de octubre por el Juzgado de Garantía de Valdivia, tras acoger los argumentos de la Fiscalía de Los Ríos sobre el peligro que representaría la libertad del imputado para la seguridad de la sociedad.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el conductor no mantenía licencia de conducir y habría efectuado una maniobra de adelantamiento a exceso de velocidad y bajo los efectos de las drogas. Tras atropellar a las víctimas, no se habría detenido para prestarles ayuda y huyó del lugar.

La investigación establece que la mujer cruzaba por un paso peatonal junto a su hija de 2 años, a quien llevaba a un jardín infantil, cuando ambas fueron impactadas por el vehículo. Producto del atropello, la adulta falleció en el lugar y la niña quedó incrustada en el parabrisas del automóvil, según lo señalado por la Fiscalía.

Posteriormente, el conductor fue detenido por Carabineros en la vía pública, luego de una persecución.

El imputado fue formalizado por los delitos de homicidio simple consumado, homicidio simple frustrado y huir del lugar del accidente sin dar cuenta a la autoridad.

Durante la revisión de la medida cautelar, la Fiscalía sostuvo que los hechos atribuidos al conductor no corresponderían únicamente a una conducta imprudente, sino que podrían configurar delitos cometidos con dolo eventual. Para solicitar que se mantuviera la prisión preventiva, también consideró la gravedad de los cargos, la conducción sin licencia, la fuga tras el atropello y los antecedentes penales del imputado.

Con la decisión unánime del tribunal de alzada, el conductor continuará en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

La Fiscalía Regional de Los Ríos formalizó este lunes 19 de octubre al alcalde de Río Bueno, Luis Reyes Álvarez, a su conviviente y a otros cuatro imputados, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción relacionados con licitaciones, contratos y pagos de obras municipales entre 2017 y 2022.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía de Río Bueno, el jefe comunal habría solicitado y recibido al menos $36.360.000 en beneficios económicos indebidos de empresarios y contratistas, a cambio de favorecerlos mediante actuaciones contrarias a sus obligaciones como autoridad.

La investigación también detectó cerca de $90 millones en depósitos en efectivo en la cuenta corriente personal del alcalde, cuyo origen no ha podido ser establecido.

Entre los hechos investigados figuran pagos por $27.860.000 que habrían sido realizados por un empresario de la construcción, cuyas sociedades se adjudicaron distintos proyectos municipales. De acuerdo con la Fiscalía, estos recursos estarían vinculados a presuntas irregularidades en licitaciones, agilización de estados de pago y condonación improcedente de multas por incumplimientos contractuales.

Otro antecedente apunta a la presunta entrega de $3 millones por parte del representante de una productora que obtuvo un contrato por $85 millones para organizar la Semana Río Buenina 2020. Según el Ministerio Público, la licitación habría sido direccionada para favorecer a esa empresa.

Además, se investigan pagos por $5.500.000 provenientes de otro empresario constructor, quien no pudo ser formalizado durante esta jornada debido a que presentó una licencia médica.

La Fiscalía también expuso movimientos bancarios que incluyen transferencias electrónicas, depósitos en efectivo y operaciones mediante cuentas de terceras personas, entre ellas la conviviente del alcalde. Estas transacciones habrían tenido como objetivo ocultar el origen de los recursos investigados, utilizando intermediarios o presuntos testaferros.

En cuanto a los cargos, Luis Reyes Álvarez fue formalizado por cohecho agravado reiterado y lavado de activos. Un empresario constructor enfrenta imputaciones por soborno reiterado y lavado de activos, mientras que el representante de la productora fue formalizado por soborno.

Por su parte, la conviviente del alcalde, una secretaria vinculada a las empresas constructoras investigadas y un funcionario municipal fueron formalizados por lavado de activos.

Según los antecedentes del Ministerio Público, parte del dinero investigado habría ingresado al patrimonio del jefe comunal y posteriormente se habría destinado a la adquisición de bienes y al pago de distintos servicios.

La audiencia continuará este martes 20 de octubre, instancia en que el Juzgado de Garantía de Río Bueno deberá resolver las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía para los seis imputados formalizados.