Tras la última sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental, el Delegado Presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, informó la aprobación del proyecto Parque Fotovoltaico Los Álamos, iniciativa que eleva a cerca de 3.000 millones de dólares el total de capitales invertidos en nuevos proyectos en la región.

La aprobación de esta iniciativa se enmarca en el mandato del Presidente Gabriel Boric de impulsar una gestión orientada a dinamizar la inversión privada y agilizar los procesos ambientales, consolidando avances en desarrollo sostenible y transición energética en el territorio.

El Delegado Presidencial destacó la relevancia del proyecto, señalando que “este proyecto refleja el compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric con una gestión moderna, eficiente y ambientalmente responsable. La Región de Los Ríos está consolidando un camino hacia la sostenibilidad energética, promoviendo la inversión privada y fortaleciendo el desarrollo local desde una mirada descentralizada y estratégica”.

El Parque Fotovoltaico Los Álamos considera la construcción y operación de una planta solar con una capacidad instalada de 11,45 MW, que inyectará 9 MW al sistema eléctrico local bajo la modalidad de Pequeño Medio de Generación Distribuida (PMGD). La inversión total supera los 12 millones de dólares e incluye la instalación de 18.928 paneles fotovoltaicos, 36 inversores y dos centros de transformación.

El proyecto incorporará además tecnología de almacenamiento de energía mediante sistemas de baterías BESS, con una capacidad de 18 MWh por sector solar, lo que permitirá optimizar el uso de la energía y asegurar un suministro más estable en períodos de alta demanda.

La conexión al sistema eléctrico se realizará a través de una línea mixta, soterrada y aérea, que enlazará la planta con el alimentador “Aldea Campesina” y la subestación “La Unión”. Con una vida útil estimada de 30 años, la iniciativa se alinea con la política nacional de Transición Energética Justa, orientada a promover inversiones limpias de alto impacto económico y ambiental.

Con esta aprobación, el Gobierno reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible y con posicionar a la Región de Los Ríos como un referente en energías renovables y atracción de inversiones para el desarrollo territorial.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Los Ríos continúa realizando diligencias investigativas para esclarecer un delito de robo con homicidio ocurrido la noche del sábado 31 de enero en la localidad de Riñinahue, comuna de Lago Ranco.

En este contexto, durante la jornada de ayer se efectuó en el Juzgado de Garantía de Río Bueno el control de detención de un hombre sindicado como autor del hecho. En la audiencia, el tribunal resolvió ampliar la detención del imputado hasta el miércoles 4 de febrero, fecha en la que será formalizado por la Fiscalía de Los Ríos.

El imputado tiene 27 años, es oriundo de Santiago y residía en Riñinahue desde hace aproximadamente un año. Asimismo, se informó que mantenía una orden de detención vigente, motivo por el cual el juez dispuso su ingreso para cumplir condenas pendientes: cinco años por homicidio frustrado cometido en Santiago y tres años por el delito de disparos injustificados.

La Fiscalía continúa reuniendo antecedentes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Tras varios años de tramitación judicial, los tribunales superiores confirmaron de manera definitiva que existió negligencia médica por parte del Hospital Base de Valdivia, la que fue determinante en el fallecimiento del comunicador y empresario radial Augusto Enrique Olave Pavez, ocurrido en mayo de 2021.

La información fue confirmada por el abogado de la familia Olave Echenique, Francisco Lara Roloff, quien entregó detalles del cierre del proceso judicial en conversación con Radio Austral, medio fundado por el propio Olave.

Según explicó el profesional, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema revisaron la causa, manteniendo firme la conclusión alcanzada en primera instancia: que hubo negligencia médica y que esta fue la causa directa del fallecimiento del comunicador.

“Luego de varios años de juicio, hoy podemos cerrar esta etapa con la certeza absoluta, ya no solo desde nuestro convencimiento como familia, sino desde el poder de los tribunales, de que hubo negligencia y que esa negligencia causó su fallecimiento”, señaló Lara.

Demoras y obstáculos en el proceso

El abogado explicó que el juicio estuvo marcado por una extensa duración y diversas dificultades, tanto en la tramitación judicial como en la obtención de antecedentes clave.

“No es normal que un juicio de estas características se extienda por más de dos años en primera instancia. Hubo dilaciones innecesarias y también conductas del hospital que obstaculizaron el desarrollo normal del proceso”, afirmó.

Entre los hechos mencionados, Lara recordó que la defensa debió recurrir al Consejo para la Transparencia para obtener los protocolos médicos asociados a la atención que recibió Olave, los que inicialmente no fueron entregados en su totalidad por el recinto asistencial.

Un precedente judicial

Más allá del cierre del caso para la familia, el abogado subrayó que el fallo establece un precedente relevante en materia de negligencia médica, especialmente en el sistema público de salud.

“Este no fue un solo error, fue una seguidilla de negligencias, una cadena de omisiones que terminaron provocando el fallecimiento del paciente”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que este tipo de situaciones no son hechos aislados y que, pese a la existencia de instancias de mediación obligatoria, son pocos los casos que llegan a juicio y menos aún los que logran una sentencia favorable.

“Ojalá este precedente sea lo suficientemente fuerte para que los recintos hospitalarios, los médicos y los equipos de salud tomen nota y se reduzca la tasa de negligencias”, indicó.

Finalmente, Lara expresó que la familia espera que la muerte de Augusto Olave no haya sido en vano y que este fallo contribuya a evitar que otras personas deban atravesar situaciones similares.

“Lo más importante es que no haya más familias que tengan que pasar por lo que pasó la familia Olave Echenique producto de una negligencia médica”, concluyó.

La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso interpuesto por el Ministerio Público y confirmó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Pablo Marcelo San Martín Chuñil y Jeannette del Carmen Troncoso Chuñil, imputados por los delitos de parricidio y robo con violencia en el marco de la investigación por la muerte de Julia Chuñil Catricura.

Con esta resolución, el tribunal de alzada ratificó lo resuelto previamente por el Juzgado de Garantía de Los Lagos, descartando decretar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía para ambos imputados. De este modo, San Martín y Troncoso continuarán cumpliendo medidas cautelares menos gravosas mientras se desarrolla la investigación.

La decisión de la Corte se enmarca en la audiencia realizada el viernes 16 de enero, en la que el Juzgado de Garantía resolvió decretar prisión preventiva para Javier Omar Troncoso Chuñil, otro de los hijos de la víctima, al considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. En esa misma instancia, el tribunal rechazó aplicar dicha medida a Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, imponiéndoles arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Tras esa resolución, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación verbal, lo que motivó la revisión del caso por parte de la Corte de Apelaciones de Valdivia, la que finalmente resolvió mantener las cautelares originales.

En tanto, el exyerno de la víctima, identificado con las iniciales B.F.B.B., quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, entre las 22:00 y las 06:00 horas.

Durante la formalización, la Fiscalía imputó a Javier Omar Troncoso Chuñil los delitos de parricidio consumado, maltrato habitual e inhumación ilegal. Por su parte, Jeannette del Carmen Troncoso Chuñil fue formalizada por parricidio consumado, mientras que Pablo Marcelo San Martín Chuñil enfrenta cargos por parricidio e inhumación ilegal.

Respecto del exyerno, el Ministerio Público lo formalizó como encubridor del delito de homicidio calificado, aunque el tribunal no acogió las agravantes planteadas al momento de resolver las medidas cautelares.

Según la investigación, los hechos ocurrieron la noche del 8 de noviembre de 2024, en el domicilio familiar ubicado en un sector rural de la comuna de Máfil, donde residía Julia Chuñil. La Fiscalía sostiene que esa noche se produjo un episodio de violencia que culminó con la muerte de la mujer y que, posteriormente, los imputados habrían ocultado el cuerpo y destruido evidencia.

Asimismo, se expuso que días después se presentó una denuncia por presunta desgracia, la que el Ministerio Público califica como falsa, y que en las semanas siguientes los hijos de la víctima habrían comenzado a disponer de sus bienes.

El tribunal fijó un plazo de investigación de tres meses, atendida la gravedad de los delitos, la cantidad de imputados y la complejidad de los hechos. Mientras tanto, tras la resolución de la Corte de Apelaciones, las medidas cautelares de los dos imputados quedaron firmes.