La Comisión de Libertad Condicional de Valdivia resolvió acoger únicamente 8 de las 293 solicitudes presentadas por personas privadas de libertad en distintos recintos penales de la jurisdicción, lo que se traduce en una tasa de rechazo del 97,2%, debido al incumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al beneficio.

El organismo sesionó entre el 6 y el 10 de abril y fue encabezado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Samuel Muñoz. La instancia también estuvo conformada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, Patricia Gallardo y Edmundo Moller; el juez del Juzgado de Garantía de Valdivia, Pablo Yáñez; y el magistrado del Juzgado de Garantía de Osorno, Pablo Álvarez.

Para adoptar sus decisiones, la comisión consideró informes psicosociales elaborados por Gendarmería, en los que se evaluaron los niveles de riesgo de reincidencia de cada solicitante. Asimismo, se revisaron 13 cartas enviadas por víctimas, quienes pudieron manifestar su postura respecto a la eventual liberación de los condenados.

En cuanto a los resultados por recinto, se aprobaron tres solicitudes del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno y se rechazaron 45; en el Centro de Estudio y Trabajo de Osorno se concedió una y se desestimaron 37; mientras que en el establecimiento penitenciario de Río Bueno se otorgaron dos libertades condicionales y se rechazaron 43 solicitudes.

En el caso del Complejo Penitenciario Llancahue, las 151 postulaciones fueron rechazadas en su totalidad. Finalmente, en el Centro de Estudio y Trabajo de Valdivia se aprobaron dos solicitudes y se rechazaron nueve.

Dos procedimientos investigativos liderados por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) junto al equipo ECOH de la Fiscalía Regional de Los Ríos, en coordinación con personal especializado del O.S.7 de Carabineros, permitieron la detención de tres personas por infracción a la Ley 20.000 en las comunas de La Unión y Valdivia, además de la incautación de importantes cantidades de droga.

El primero de los operativos se desarrolló en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 869 en la comuna de La Unión, en el marco de controles planificados. En ese contexto, fue fiscalizado un bus interprovincial con recorrido entre Santiago y Puerto Montt. Gracias al trabajo de un can detector de drogas, se logró identificar sustancias ilícitas que eran transportadas adheridas al cuerpo de un pasajero, quien fue detenido en el lugar.

En este procedimiento se incautaron 2 kilos 217 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 4.424 dosis, con un avalúo cercano a los 44 millones de pesos, además de un teléfono celular y dinero en efectivo.

El segundo operativo tuvo lugar en la comuna de Valdivia, donde se realizaron diligencias simultáneas en tres inmuebles ubicados en avenida El Colmenar, calle Circunvalación y un local comercial tipo growshop en calle Chacabuco. En esta acción fueron detenidas dos personas.

Durante el procedimiento en Valdivia, se incautaron 28 plantas de cannabis sativa, marihuana elaborada, resina tipo cera wax, una balanza digital, teléfonos celulares y dinero en efectivo. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, solo la eventual cosecha de las plantas habría permitido obtener cerca de 11 kilos de droga, equivalentes a unas 22 mil dosis, con un avalúo aproximado de 100 millones de pesos.

Los tres imputados serán puestos a disposición de los respectivos Juzgados de Garantía de La Unión y Valdivia para el control de detención y formalización de cargos.

La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Los Ríos logró un veredicto condenatorio contra cinco imputados por su participación en un grave hecho delictual ocurrido en Valdivia, que incluyó los delitos de robo con homicidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego prohibida y porte ilegal de municiones.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, tras un juicio que se extendió por cinco días. Durante este periodo, el Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas —testimoniales, audiovisuales, documentales y periciales— que permitieron acreditar la responsabilidad de los acusados en los hechos.

El caso se remonta al 27 de octubre de 2024, en el sector de calle Miraflores, donde la víctima fue interceptada mientras se movilizaba en su vehículo. En ese contexto, los agresores lo intimidaron con un arma de fuego para robarle sus pertenencias y posteriormente le dispararon, causándole lesiones de extrema gravedad.

Producto del ataque, la víctima sufrió un daño vascular severo que derivó en un shock hipovolémico, debiendo ser internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Base de Valdivia. La gravedad de las heridas obligó finalmente a la amputación de su pierna izquierda.

El tribunal acogió los argumentos presentados por el fiscal Alex Montesinos, dictando veredicto condenatorio respecto de los cinco acusados. En cuanto a las penas, la Fiscalía solicita presidio perpetuo calificado para los tres imputados adultos, mientras que para los dos adolescentes involucrados pide una sanción de 10 años de internación en régimen cerrado, la máxima contemplada por la legislación vigente para menores de edad.

La Fiscalía Regional de Los Ríos formalizó a un adolescente de 17 años por su presunta participación en un homicidio frustrado ocurrido en enero en Valdivia, sumando además cargos por tráfico de drogas. El imputado quedó sujeto a la medida cautelar de internación provisoria mientras se desarrolla la investigación.

Según detalló el Ministerio Público, el hecho se remonta al 19 de enero de 2026 en el pasaje Calama, donde el joven habría intervenido en un ataque con arma de fuego que dejó a la víctima con lesiones de gravedad.

Las diligencias, encabezadas por la Policía de Investigaciones (PDI), contemplaron la entrada y registro de 12 domicilios, lo que permitió la detención del imputado y la incautación de diversas sustancias ilícitas, entre ellas cannabis, cocaína, cocaína base y ketamina.

En el procedimiento también se decomisaron pesas digitales, teléfonos celulares, un computador portátil, un cartucho calibre 9 milímetros y un chaleco balístico, elementos que, de acuerdo con la investigación, estarían vinculados a la logística de una organización criminal.

Al momento de su detención, el adolescente portaba drogas entre sus vestimentas, por lo que la Fiscalía también le imputó el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

Tras la audiencia de formalización, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, decretando la internación provisoria del joven durante el plazo fijado para la investigación, con el objetivo de esclarecer su eventual responsabilidad en los hechos.