La Fiscalía Regional de Los Ríos formalizó este lunes 19 de octubre al alcalde de Río Bueno, Luis Reyes Álvarez, a su conviviente y a otros cuatro imputados, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción relacionados con licitaciones, contratos y pagos de obras municipales entre 2017 y 2022.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía de Río Bueno, el jefe comunal habría solicitado y recibido al menos $36.360.000 en beneficios económicos indebidos de empresarios y contratistas, a cambio de favorecerlos mediante actuaciones contrarias a sus obligaciones como autoridad.

La investigación también detectó cerca de $90 millones en depósitos en efectivo en la cuenta corriente personal del alcalde, cuyo origen no ha podido ser establecido.

Entre los hechos investigados figuran pagos por $27.860.000 que habrían sido realizados por un empresario de la construcción, cuyas sociedades se adjudicaron distintos proyectos municipales. De acuerdo con la Fiscalía, estos recursos estarían vinculados a presuntas irregularidades en licitaciones, agilización de estados de pago y condonación improcedente de multas por incumplimientos contractuales.

Otro antecedente apunta a la presunta entrega de $3 millones por parte del representante de una productora que obtuvo un contrato por $85 millones para organizar la Semana Río Buenina 2020. Según el Ministerio Público, la licitación habría sido direccionada para favorecer a esa empresa.

Además, se investigan pagos por $5.500.000 provenientes de otro empresario constructor, quien no pudo ser formalizado durante esta jornada debido a que presentó una licencia médica.

La Fiscalía también expuso movimientos bancarios que incluyen transferencias electrónicas, depósitos en efectivo y operaciones mediante cuentas de terceras personas, entre ellas la conviviente del alcalde. Estas transacciones habrían tenido como objetivo ocultar el origen de los recursos investigados, utilizando intermediarios o presuntos testaferros.

En cuanto a los cargos, Luis Reyes Álvarez fue formalizado por cohecho agravado reiterado y lavado de activos. Un empresario constructor enfrenta imputaciones por soborno reiterado y lavado de activos, mientras que el representante de la productora fue formalizado por soborno.

Por su parte, la conviviente del alcalde, una secretaria vinculada a las empresas constructoras investigadas y un funcionario municipal fueron formalizados por lavado de activos.

Según los antecedentes del Ministerio Público, parte del dinero investigado habría ingresado al patrimonio del jefe comunal y posteriormente se habría destinado a la adquisición de bienes y al pago de distintos servicios.

La audiencia continuará este martes 20 de octubre, instancia en que el Juzgado de Garantía de Río Bueno deberá resolver las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía para los seis imputados formalizados.

Un hombre de 37 años quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de femicidio frustrado en contra de su expareja, en un grave episodio de violencia intrafamiliar ocurrido durante la madrugada del domingo en la comuna de Río Bueno.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía Regional de Los Ríos ante el Juzgado de Garantía de Río Bueno, el imputado acudió hasta el domicilio de la víctima pese a mantener vigente una prohibición judicial de acercamiento.

Una vez en el inmueble, el hombre habría insultado y amenazado a la mujer. Ante esta situación, la víctima intentó salir del lugar para pedir ayuda, siendo perseguida por el imputado, quien habría utilizado parafina con la intención de rociarla y posteriormente prenderle fuego.

El ataque no logró concretarse y el hombre fue detenido. Durante la audiencia de control de detención y formalización, la Fiscalía solicitó que se decretara la prisión preventiva, medida que fue acogida por el tribunal.

El Juzgado de Garantía consideró que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad, por lo que deberá permanecer privado de libertad mientras avanza la investigación.

Diligencias

Para reunir y analizar la evidencia relacionada con el hecho, el Ministerio Público instruyó diligencias al Laboratorio de Criminalística de Carabineros, Labocar, con el objetivo de realizar los peritajes correspondientes en el sitio del suceso.

Asimismo, funcionarios de la Sección de Investigación Policial, SIP, de Carabineros trabajan en la recopilación de registros de cámaras de seguridad, la identificación de posibles testigos y el levantamiento de antecedentes sobre eventuales denuncias anteriores por violencia intrafamiliar entre el imputado y la víctima.

La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso presentado por la Fiscalía Regional de Los Ríos y revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Los Lagos que había dejado sin efecto la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil.

El tribunal de alzada determinó que el imputado deberá permanecer nuevamente en prisión preventiva mientras continúa la investigación por la muerte de su madre, Julia del Carmen Chuñil Catricura.

Troncoso Chuñil se encuentra formalizado por los delitos de parricidio, robo con intimidación e inhumación ilegal. La Corte consideró que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, debido a la cantidad y gravedad de los delitos que se le atribuyen y a las elevadas penas asociadas a estos ilícitos.

De acuerdo con la resolución, las penas que eventualmente podrían imponerse impedirían el acceso a sanciones sustitutivas de la privación de libertad.

El tribunal también tuvo en consideración que la medida cautelar busca resguardar los distintos bienes jurídicos comprometidos en la causa, entre ellos la vida, el vínculo de parentesco, la propiedad y la integridad de las personas.

Con esta decisión, la Corte de Apelaciones de Valdivia dejó sin efecto la resolución adoptada el viernes 4 de septiembre por el Juzgado de Garantía de Los Lagos y restableció la prisión preventiva del imputado.

Investigación continúa

Mientras se mantiene la medida cautelar, la Fiscalía Regional de Los Ríos continúa desarrollando diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de Julia Chuñil y determinar las eventuales responsabilidades en el caso.

Entre las actuaciones pendientes se encuentran pericias arqueológicas y análisis de ADN, además de otros procedimientos investigativos cuyos resultados podrían aportar nuevos antecedentes a la causa.

La Municipalidad de Valdivia presentó una querella criminal contra un hombre detenido por la Policía de Investigaciones y contra todos quienes resulten responsables por el delito de sustracción de madera al interior del Santuario de la Naturaleza Llancahue. La acción judicial fue declarada admisible y busca contribuir al esclarecimiento de los hechos y la determinación de eventuales responsabilidades.

El caso se originó a partir de una investigación desarrollada por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural, BIDEMA, de la PDI, cuyos funcionarios sorprendieron el pasado 18 de agosto a un hombre talando árboles nativos con una motosierra al interior del santuario.

De acuerdo con los antecedentes reunidos durante las diligencias, el individuo, que residiría de manera irregular en un predio colindante, habría habilitado una senda no autorizada para acceder al bosque nativo y sustraer madera.

Durante el procedimiento fueron incautados leña nativa trozada, un camión marca JAC y una motosierra.

A partir de estos antecedentes, el municipio presentó la querella y solicitó al Ministerio Público la realización de distintas diligencias destinadas a establecer las circunstancias de los hechos, entre ellas un peritaje forestal y una pericia georreferencial del lugar intervenido.

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, destacó la importancia del Santuario de la Naturaleza Llancahue para la comuna y aseguró que el municipio continuará ejerciendo las acciones necesarias para proteger este territorio.

“Este municipio no va a tolerar ninguna acción ilegal dentro de esta reserva y vamos a hacer valer nuestra autoridad cada vez que sea necesario. En ese sentido, queremos destacar que la detención en flagrancia fue posible gracias al trabajo sostenido y coordinado con BIDEMA desde que hicimos la denuncia el año pasado, y así vamos a seguir actuando, por el resguardo de nuestro patrimonio natural”, señaló.

El Santuario de la Naturaleza Llancahue tiene una superficie de 1.277 hectáreas y constituye un Bien Nacional Protegido que conserva bosque nativo siempreverde y laurifolio, además de la cuenca del estero Llancahue.

Desde marzo de 2025, el recinto se encuentra bajo administración de la Municipalidad de Valdivia, mediante una Concesión de Uso Gratuito otorgada por el Ministerio de Bienes Nacionales.

Precisamente durante 2025, funcionarios del Departamento de Medio Ambiente municipal habían detectado al interior del santuario árboles talados, huellas de carretas y un cerco perimetral instalado sin autorización. Estos antecedentes dieron origen a una denuncia formal por sustracción de madera y a las posteriores diligencias desarrolladas por BIDEMA.

La municipalidad destacó que el trabajo coordinado con la PDI se mantiene en el marco de la investigación que dirige el Ministerio Público, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.