Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Valdivia lograron la detención de un hombre de 53 años que mantenía una orden de captura vigente por el delito de abuso sexual contra menores de 14 años.

El procedimiento se concretó este martes en la localidad de Malalhue, comuna de Lanco, donde el condenado fue ubicado tras diversas diligencias investigativas realizadas por la unidad especializada de la Policía de Investigaciones.

Según informó la subcomisaria Natalia Marchant, la causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Panguipulli. La investigación, desarrollada entre 2020 y 2021, permitió reunir los antecedentes necesarios para sostener la acusación en el juicio oral.

Como resultado del proceso judicial, el imputado fue condenado a siete años de presidio por delitos de connotación sexual cometidos en contra de dos menores de edad pertenecientes a su entorno familiar.

De acuerdo con la PDI, el hombre se mantenía prófugo desde 2025, pese a la condena dictada en su contra. Tras su captura, fue puesto a disposición de Gendarmería de Chile para el cumplimiento de la pena impuesta por la justicia.

La orden de detención había sido emitida por el Juzgado de Garantía de Panguipulli.

La Fiscalía Regional de Los Ríos y Carabineros lograron desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, el cultivo ilegal de cannabis, la asociación ilícita y el lavado de activos, tras una investigación que culminó con la incautación de más de 500 kilos de marihuana y la detención de cinco personas.

El procedimiento fue liderado por la Unidad SAC-ECOH de la Fiscalía Regional de Los Ríos y ejecutado por la Sección O.S.7 de Carabineros de Valdivia, con apoyo del Departamento O.S.7. Las diligencias se extendieron durante cerca de cinco meses y permitieron identificar el funcionamiento de una estructura criminal con operaciones en distintas regiones del país, incluyendo la ciudad de Valdivia.

Como parte de la investigación, se realizaron allanamientos simultáneos en ocho inmuebles ubicados en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío. En estos operativos fueron detenidas cinco personas, cuatro chilenas y una colombiana, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Durante los procedimientos se incautaron 536 kilos de marihuana procesada y 377 plantas de cannabis, una cantidad equivalente a más de un millón de dosis que no llegarán a las calles. Además, las autoridades decomisaron tres vehículos y dinero en efectivo presuntamente vinculado a las actividades ilícitas de la organización.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía y Carabineros, la droga incautada tiene un valor superior a los 5.340 millones de pesos en el mercado ilegal, convirtiéndose en una de las mayores incautaciones de cannabis registradas en la historia de la Región de Los Ríos.

Las autoridades destacaron que este operativo permitió desmantelar una organización que mantenía una estructura destinada a la producción, acopio, distribución y comercialización de marihuana y derivados del cannabis en diversas zonas del país, representando un importante golpe al crimen organizado y al narcotráfico.

Una investigación desarrollada por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Valdivia permitió la detención de ocho personas vinculadas a una serie de delitos registrados en la comuna de Máfil, relacionados con la reorganización de una banda criminal conocida como “Los Picos”.

Las diligencias, realizadas en coordinación con el Ministerio Público, establecieron que el grupo estaba retomando sus actividades delictivas luego de que gran parte de sus integrantes fuera detenida durante el año pasado en procedimientos efectuados por la Policía de Investigaciones.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por los detectives, los imputados estarían involucrados en delitos de homicidio frustrado, tráfico de drogas en pequeñas cantidades, amenazas, infracción a la Ley de Control de Armas y lesiones.

En el operativo fueron detenidos cuatro hombres y cuatro mujeres, entre ellos un menor de edad. Según informó la PDI, las víctimas identificaron a los involucrados como presuntos autores de los hechos investigados. Todos los arrestados son de nacionalidad chilena y seis de ellos registran antecedentes policiales.

Durante los allanamientos, los detectives incautaron una escopeta artesanal, dos pistolas de fogueo modificadas para efectuar disparos, un cartucho calibre 12, 27 cartuchos de salva de 9 milímetros, cinco teléfonos celulares, además de clorhidrato de cocaína, cannabis sativa y dinero en efectivo.

Los ocho detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Lagos, donde se realizó el respectivo control de detención

En prisión preventiva quedó un hombre de 54 años formalizado por los delitos de violación reiterada, amenazas y retención de una mujer de 65 años en la comuna de Río Bueno.

La medida cautelar fue decretada por el Juzgado de Garantía de Río Bueno luego de la audiencia de formalización realizada por la Fiscalía, que expuso antecedentes relacionados con hechos ocurridos entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de mayo.

Según la investigación, la víctima había concurrido a un domicilio del sector urbano de la comuna para realizar labores de aseo y apoyo a una adulta mayor. En ese contexto, el imputado, quien residía en el inmueble, habría intimidado a la mujer y posteriormente cometido las agresiones denunciadas.

La situación quedó al descubierto luego de que la víctima no regresara a su hogar, lo que motivó a su hijo a presentar una denuncia por presunta desgracia ante Carabineros. A partir de ello se iniciaron diligencias de búsqueda que permitieron establecer que la mujer se encontraba al interior de un inmueble.

El mayor Juan Cáceres Ángulo, de la Cuarta Comisaría de Río Bueno, señaló que, tras recibir información de familiares sobre el posible paradero de la víctima, personal policial concurrió al domicilio, donde logró ubicarla. De acuerdo con su relato, la mujer denunció haber sido agredida y retenida contra su voluntad, antecedentes que derivaron en la detención del sospechoso.

Durante la audiencia, la defensa cuestionó parte de los hechos expuestos por la Fiscalía. Sin embargo, el juez de garantía Claudio Thomas estimó que existen antecedentes suficientes para presumir la participación del imputado en el delito investigado.

Al resolver la medida cautelar, el tribunal consideró que la libertad del acusado constituye un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad, además de existir riesgo de fuga.

Asimismo, durante la formalización se informó que el imputado registra condenas anteriores por delitos graves, entre ellas una sentencia por violación dictada en 1996 y otra por homicidio frustrado en 2009.

El tribunal fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.